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En Chietla alcalde demuele casas de 11 familias para construir presidencia


En Chietla alcalde demuele casas de 11 familias para construir presidencia

Edgardo Ponce utilizó maquinaria pesada y policías para apoderarse de un predio federal. Los afectados señalan que nunca se les presentó una orden de desalojo dictada por algún juez, por el contrario, se violaron sus derechos y se hizo uso desmedido de la violencia.

Con el uso de la fuerza pública y maquinaria pesada el alcalde de Chietla, Edgardo Ponce Cortés comenzó el desalojo y la demolición de 11 casas en la colonia La Paz, en la Villa de Atencingo para construir el nuevo edificio para la presidencia municipal debido a que el anterior resultó dañado por el sismo. Los dueños de las viviendas afectadas señalaron que esta ejecución fue a todas luces una violación a sus derechos pues estuvo plagada de incongruencias, abusos de poder y hasta violencia física por parte de la policía municipal.

El predio es federal ya que era parte de la zona de Ferrocarriles Mexicanos y estaba ocupado por habitantes quienes desde hace 40 años habían fincado sus viviendas, algunos por haber sido trabajadores del organismo ferroviario. 

Sin embargo, el presidente municipal Edgardo Ponce, en una entrevista previa mencionó que el terreno había sido adquirido por el ayuntamiento en el trienio de Jaime Palomino Echartea, pero al preguntar a este ex alcalde sobre la compra, negó que eso hubiera sucedió en su administración. Ni en la siguiente fue la de Aureliano Palacios. 

Ambos ex presidentes coincidieron que el predio donde se va a construir la sede del gobierno municipal es propiedad federal, por lo tanto tendría que ser un juez federal quien ejecute la acción de desalojo en caso de que existiera, pero no fue así.

El propio gobierno municipal realizó el despojo sin presentar documentos legales. “El predio más bien parece una necedad de Jorge Estefan Chidiac, diputado federal quien en su visita por el municipio anunció la construcción de la nueva presidencia municipal”, señalaron las familias afectadas.

Ernesto Lucero y otros vecinos desalojados con documentos en mano mostraron los títulos de propiedad, incluso escrituras de las viviendas y en el caso de algunos, hasta el talón de pago de cuando eran trabajadores de Ferrocarriles Mexicanos. 

Declararon que desde temprana hora la policía municipal comenzó a cercar las casas sin presencia de alguna autoridad o juez que entregara una orden de desalojo. Por el contrario, nadie dio una sola explicación.

Hasta que esperaron la disposición y los policías junto con la maquinaria y algunos trabajadores del mismo ayuntamiento iniciaron la gresca contra las 11 familias, entre niños y mujeres por lo que comenzaron las amenazas, malas palabras, hasta que se asomaron los golpes. 

Trascendió que no hubo detenidos, pero sí personas lesionadas e incluso adultos mayores que intentaron defender su único patrimonio.



Fuente

Saul Perez Leon

Apasionado columnista, critico analyst social media.

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